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martes, 9 de marzo de 2021

Gestión de Miriam Germán Brito recibe respaldo de representantes del Conep y la AIRD

Al recibir a Pedro Brache, Celso Juan Marranzini y César Dargam, la procuradora general reafirmó el compromiso de su gestión con el fortalecimiento del sistema de Justicia de República Dominicana

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-La procuradora general Miriam Germán Brito reafirmó este martes  el compromiso de su gestión con el fortalecimiento del sistema de justicia de República Dominicana, al recibir el respaldo de los principales representantes de los empresarios y los industriales que la visitaron a su despacho. 

Germán Brito recibió una delegación encabezada por los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Pedro Brache y Celso Juan Marranzini.

Ambos empresarios se hicieron acompañar del vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, mientras que Germán Brito recibió a la delegación en compañía de los procuradores adjuntos Rodolfo Espiñeira Ceballos, primer sustituto de la procuradora general de la República; Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, y Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Los directivos del Conep y la AIRD expresaron su respaldo a la gestión que encabeza la magistrada Germán Brito, en especial en los ámbitos del combate a la corrupción y la erradicación de la impunidad.


Los empresarios también abogaron por el respeto del debido proceso y las reformas legales pendientes en República Dominicana.

Durante una conversación distendida, Germán Brito consideró “muy gratificante el saber que los empresarios y los industriales de República Dominicana están seriamente preocupados y comprometidos con la erradicación de la corrupción y de la impunidad”.

La procuradora general reiteró que su gestión seguirá esforzándose por la persecución de todo tipo de delitos con investigaciones que lleven a la estructuración de expedientes fundamentados que, además de seguir el debido proceso, faciliten el trabajo de los tribunales al momento de aplicar sanciones.