Ministerio Público procura que se mantengan medidas de coerción a imputados del Caso Pulpo

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público procura este lunes en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que se mantengan las medidas de coerción impuestas en diciembre pasado por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente a los once implicados en el Caso Pulpo. 

Durante la continuación de la audiencia para la revisión de la coerción en ese tribunal, el Ministerio Público presenta ante el juez Amauri Martínez Abreu sus alegatos, estableciendo que persisten las mismas razones que motivaron la imposición de las medidas.

Los titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, encabezan el equipo litigante que representa al Ministerio Público en la audiencia.

El órgano persecutor de la corrupción procura que el juez de la instrucción Martínez Abreu ratifique la prisión preventiva a Juan Alexis Medina Sánchez, quien es el principal acusado de dirigir el entramado de corrupción que se enriqueció a costa de los recursos de los contribuyentes, valiéndose de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020).  

También que sea ratificada la prisión preventiva a Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de Fiscalización de Obras de la Oisoe; Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Wacal Vernavel Méndez Pineda, Julián Esteban Suriel Suazo y a José Dolores Santana Carmona, imputados como presuntos testaferros de Alexis Medina.

Desde el pasado mes de diciembre el grupo cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Los fiscales litigantes además procuran que se mantenga el arresto domiciliario por tres meses impuesto a Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y a Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud.

Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar en diciembre pasado una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.

El Ministerio Público busca también que sea confirmado el arresto domiciliario e impedimento de salida del país impuesto a Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República, y la presentación periódica impuesta al encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Una investigación de ese órgano a cargo de la investigación llevó a la desarticulación en diciembre pasado de la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpetas controladas por Juan Alexis Medina Sánchez. 

En horas de la noche del pasado jueves el juez Martínez aplazó la audiencia para escuchar este lunes los argumentos de los fiscales, quienes mantienen firme su petición de que se mantengan las medidas de coerción que les fueron impuestas en diciembre pasado por el entonces juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas.

La audiencia para la revisión de la medida inició el pasado 1 de marzo.

Ministerio Público SDE obtuvo condena de 20 años de prisión contra hombre que violó y embarazó a sobrina de 14 años

 El incestuoso aprovechó el verano de 2018 cuando la menor de edad regresó con su madre desde España

SANTO DOMINGO ESTE. – La Fiscalía de Santo Domingo Este obtuvo una condena de 20 años de prisión para un hombre que fue hallado culpable de violar sexualmente y embarazar a su sobrina de 14 años, en julio de 2018.

El Ministerio Público de esta jurisdicción, representado por la fiscal del Departamento de Litigación Final, Ivette Mateo, presentó en el juicio de fondo las pruebas que comprueban la responsabilidad penal del procesado, cuyo nombre se omite para salvaguardar la integridad de la víctima. El hombre fue condenado por violación a los artículos 332 del Código Penal Dominicano y 396 de la Ley 136-03, sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo Este, tras acoger los elementos probatorios presentados por el órgano investigador, dispuso que el imputado cumpla con su condena en la Penitenciaría Nacional de la Victoria.

Por este caso, el fiscal titular del Ministerio Público en Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán Leonardo, había dado instrucciones para un seguimiento especial, a fin de obtener sanciones contra este tipo de acciones que atentan contra el desarrollo de la niñez dominicana y laceran su desarrollo mental.

El expediente indica que a finales de julio de 2018 la adolescente viajó al país junto a su madre desde España y durante su estancia, la progenitora se dedicó a trabajar, por lo que la menor de edad quedaba en casa junto a dos hermanos al cuidado del agresor.

Detalla que el incestuoso aprovechaba la circunstancia para abusar sexualmente de la sobrina en reiteradas ocasiones, hasta el punto en que ella quedó embarazada; sin embargo, no fue hasta que regresó a España y dio a luz al bebé, que contó a sus maestros en la escuela lo que le había ocurrido.

Posteriormente, el padre se querelló por ante la Unidad de Violencia de Genero, Sexual e Intrafamiliar de esta jurisdicción, en mayo de 2019.

Fiscal Mirna Ortiz destaca que el Ministerio Público ha logrado incorporar todas sus pruebas en el juicio Odebrecht

 Continuará incorporando más evidencias en la jornada de este martes

 SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó este lunes que el Ministerio Público continúa incorporando sus pruebas en el juicio por los sobornos de Odebrecht y aseguró que no ha existido ninguna decisión del tribunal que excluya evidencias.  

“Lo que el tribunal ha hecho es recurrir a una decisión anterior en la que saca del proceso toda aquella información que sobrepase la autorización de allanamiento”, explicó la fiscal Mirna Ortiz, quien forma parte del equipo litigante que representa al Ministerio Público en el juicio y que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho. 

“¿Qué implica esto? Que si el juez ordenó al Ministerio Público la posibilidad de requerir información a la Superintendencia de Bancos desde el año 2000, por poner un ejemplo, al 2014, y en el informe llega información de 2015, el tribunal no va a tomar en cuenta, para la valoración, la información que exceda la orden, por ejemplo la de 2015”, amplió Ortiz a la prensa.

En ese sentido, enfatizó que no se ha excluido ninguna prueba y resaltó que “todos los soportes de los informes están siendo incorporados”. 

La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, habló con los periodistas luego de concluir la audiencia de este lunes en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conoce el caso por los US$92 millones que pagó la empresa brasileña Odebrecht para lograr la adjudicación de obras del Estado en el país. 

El juicio se sigue en contra de Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez, quienes son acusados de violar el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.

Este lunes el Ministerio Público continuó con la incorporación de las pruebas a través de su testigo número 12, la analista Marielys Abad Díaz, mediante la cual incorporó informes financieros relativos a los imputados Roberto Rodríguez y Conrado Pittaluga.

El órgano persecutor de la corrupción informó que sigue avanzando con la presentación de sus pruebas para demostrar que los imputados incrementaron sus patrimonios producto de actividades ilícitas con la empresa constructora. Dijo que en total 28 testigos ofrecerán sus declaraciones durante el proceso. 

Explicó que, en la jornada de este martes 23 de febrero, a las 9:00 de la mañana, continuarán con la incorporación de evidencias ante el tribunal que integran las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.

Prisión preventiva contra hombre que mató hijo de una regidora de San Francisco de Macorís

DUARTE (República Dominicana).- Un tribunal de este distrito judicial dispuso el envío a prisión preventiva de un hombre acusado de matar a otro en una discusión ocurrida en el parqueo de un car wash cafetería del barrio San Martín, de San Francisco de Macorís.

La jueza Bárbara Rodríguez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte, impuso la medida de coerción a Frank Reynaldo Grullón Lora, por la muerte de Diego Alcalá María (Dieguito), hijo de la regidora Sonia María.

Grullón Lora deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, de San Francisco de Macorís.

La jueza impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país al imputado José Luis Taveras Cepeda, por complicidad en la muerte de Alcalá María.

La investigación del hecho estuvo a cargo del fiscal Benedicto Reynoso, coordinador del Departamento de Investigación de la Fiscalía de la provincia Duarte y litigado por el fiscal Engels Luis Polanco.

El expediente señala que Grullón Lora y Taveras Cepeda se presentaron al car wash cafetería “La Güira Super Fría” a bordo del carro Toyota Camry, color rojo, placa número A507323.

Taveras Cepeda, quien conducía el vehículo, se desmontó para comprar una bebida alcohólica en el negocio ubicado en la calle 9 del referido sector.

Alcalá María reclamó que  el vehículo estaba mal estacionado, lo cual desencadenó en una discusión con Grullón Lora, quien se bajó del carro, sacó la pistola marca Glock, calibre 9MM, serial número SZU289, con la que le realizó un disparo de un proyectil que afectó a la víctima en el hemitorax anterior izquierdo, con salida en la región infraescapular derecha.

Luego de cometer el hecho, Grullón Lora y Taveras Cepeda se montaron en el carro  y emprendieron la huida, como quedó captado por el sistema de cámara de vigilancia instalado en el lugar.

El Ministerio Público acusa a los procesados de incurrir en homicidio voluntario y cómplice de homicidio, delitos tipificados y sancionados por los artículos 59, 60, 295 y 304  del Código Penal Dominicano.

Ministerio Público dice periodista Andrés Estrella se habría suicidado

Bonao.- El Ministerio Público, dio a conocer a los familiares del periodista y abogado Andrés Estrella Núñez los resultados del Instituto Nacional de Patología Forense (INACIF), en que señalan que este se habría suicidado.

Joel López, del Ministerio Publico mostró a la esposa, hijos, padres y al abogado de la familia, que el cadáver de Estrella presenta un tiro en la sien que él mismo se había provocado.

 Además expusieron videos donde se visualiza cuando el fenecido recibe un arma de fuego de parte de una persona.

Otro video muestra cuando el periodista hoy muerto, se dirigía solo en una pasola, hacia un lugar próximo al lugar donde fue encontrado su cuerpo sin vida.

También dieron a conocer interrogatorios, donde uno de los amigos del difunto,  informó que el desaparecido periodista había pedido comprarle un veneno que se usa para matar ratas, denominado Tres Pasitos.

Con estas pruebas del Ministerio Público quedan claras las dudas que presumían un supuesto asesinato.

El Ministerio Público arresta dominicano que se hacía pasar por embajador de Liberia para estafar

SANTO DOMINGO (RD).-Miembros del Ministerio Público arrestaron en el curso de una investigación a un hombre que se hacía pasar por embajador de la República de Liberia, concurrente en el Caribe, para estafar a personas a las que ofrecía gestiones para ocupar posiciones consulares.

Según la acusación, bajo sus falsas cualidades de diplomático, Rafael Enrique Martínez Taveras estafó a varias personas a las que prometió realizar las diligencias necesarias para recibir nombramientos en cargos consulares de Liberia. A cambio, les cobraba decenas de miles de dólares.

Conforme a las conclusiones de los fiscales que realizaron la investigación, una de las víctimas pagó la suma de US$50 mil por el cabildeo de un nombramiento como cónsul en Madrid, España.

La detención del imputado se amparó en una orden de arresto emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, a solicitud de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Martínez Taveras será presentado ante una Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional, para solicitarle medidas de coerción.

En el allanamiento a su residencia, al imputado se le ocuparon 11 pasaportes dominicanos, un pasaporte haitiano y símbolos patrios de la República de Liberia, tales como banderas y obras talladas con el nombre de ese país, elementos que se aportarán como pruebas para su sometimiento a la justicia. Además, documentos que serán analizados durante el proceso de investigación.

Para estos hechos, el expediente atribuye la calificación jurídica provisional de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en violación al artículo 2 de la Ley 137-03. También, usurpación de títulos o funciones, en violación al artículo 258 del Código Penal Dominicano, y estafa contra particulares, prevista en el artículo 405 del Código Penal Dominicano y en el artículo 1 de la Ley 5869, sobre Propiedad en Violación.

MP plantea “tribunal no puede examinar documentos que certifican archivos definitivos a favor de ocho encartados en caso Odebrecht”

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público planteó que el Primer Tribunal Colegiado que conoce el juicio de fondo del caso Odebrecht no puede examinar el contenido de los documentos que certifican los archivos definitivos a favor de ocho exfuncionarios encartados en la primera etapa del proceso de investigación.

El órgano acusador coincidió con lo expuesto por la presidencia de ese tribunal al establecer que no puede evaluar el contenido de los citados documentos.

En ese sentido, manifestó que el tribunal no puede tener conocimiento de los archivos en virtud de que no está apoderado de un proceso para conocer sobre algún tipo de objeción sobre ellos y, por tanto, tratar de deducir sus consecuencias sobre el proceso, como pretenden los abogados de la defensa.

En el juicio el Ministerio Público está representado por el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y los procuradores fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López y José Miguel Marmolejos Vallejo, junto a los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.

“Si este tribunal no está apoderado de esos procesos, pues jamás puede deducir ninguna consecuencia jurídica del contenido de dichos documentos, que no está en análisis en este momento”, indicó el Ministerio Público.

Agregó que “si el Ministerio Público lo considera bueno, si son irregulares, eso está en su ámbito de actuación, que se resolverá por las vías que correspondan y que considere pertinente la institución”.

Explicó que el tribunal no puede verificar si el Ministerio Público ha faltado al principio de objetividad e igualdad, porque entraría en temas de orden disciplinario y esta institución no está siendo juzgada en este proceso.

En horas de la mañana, el Ministerio Público evitó que la audiencia fuera aplazada a solicitud de la defensa de los encartados, quienes pidieron un período de unos diez días para tener conocimiento de los documentos.

Los representantes del Ministerio Público solicitaron a las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo que rechazaran la solicitud de la defensa técnica, tras indicar que esos archivos y documentos, que fueron entregados en los plazos establecidos, nada tienen que ver con el proceso que se está conociendo.

Tras la decisión que ordenó la continuación del juicio a solicitud del Ministerio Público, los abogados de la defensa de los imputados presentaron recursos de oposición que también fueron rechazados por el tribunal.

El juicio continuará el próximo jueves 8 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, por disposición del tribunal, que al final acogió una solicitud de aplazamiento hecha por Víctor Díaz Rúa, a través de su defensa, con el propósito de acudir a una cita médica para una revisión de salud.