Santo Domingo. En cumplimiento al artículo 14 de la Ley 340-06 que prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado, la Dirección General de contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el Registro de Proveedor del Estado (RPE) de un grupo de 113 alcaldes y regidores y 2 jueces.
En esta primera sesión, también se suspendieron otros cuatro registros, a solicitud de igual número de funcionarios, tal y como requirió el órgano rector el pasado 1 de septiembre que, a través de un comunicado de prensa, advirtió a los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que la institución continúa trabajando para identificar a todos los funcionarios que entran en el régimen de prohibiciones para la contratación en la Administración Pública, bajo el amparo de la ley 340-06 para proceder a suspender sus registros de proveedores.
“Como órgano rector y en aras de contribuir a la transparencia e igualdad de oportunidades y evitar conflictos de interés, continuaremos identificando a todos los funcionarios que entran en el régimen de incompatibilidades para proceder a suspender sus registros”, destacó Pimentel.
En correspondencia con este mandato de la Ley, tanto el director general de la DGCP, como las subdirectoras Crystal Fiallo y Ruth Henríquez, solicitaron la inhabilitación de su RPE, acción que ya fue ejecutada por la institución.
“Seguiremos activos, seguiremos vigilantes, para garantizar transparencia, control y lograr que las contrataciones públicas se conviertan en un medio para el desarrollo en la República Dominicana”, subrayó Pimentel.
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